¡Ahora resulta!

Marco Polo López Santos


Recientemente, integrantes del Consejo Estatal de Organizaciones de Personas con Discapacidad del estado de Oaxaca, encabezados por Cornelio Núñez Ordaz, Presidente de ese organismo, fueron recibidos por el presidente de la Gran Comisión de la LX Legislatura del estado, diputado Herminio Cuevas Chávez, ante quien expusieron diversos planteamientos respecto a las necesidades que tiene el colectivo de Personas con Discapacidad (PCD) en la entidad, para que éstos sean considerados dentro de la iniciativa de la nueva ley de Atención a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables de Oaxaca.

De acuerdo con lo publicado en un semanario regional llamado “El Porteño”, durante dicha reunión, los representantes del mencionado organismo “reconocieron las acciones impulsadas por el gobierno del estado, sin embargo, coincidieron en la necesidad de establecer un proyecto que atienda de manera integral a las Personas con alguna discapacidad en los ámbitos laboral, de salud, educación, respeto a sus derechos y adecuación de accesos, entre otros”. Así mismo, Cornelio Núñez Ordaz, planteó el proyecto para la creación de una Coordinación Estatal Especializada en la atención de este sector, que además vigile la operatividad de la Ley.

La seriedad del tema en cuestión, obliga al autor de esta columna a opinar sobre las propuestas hechas por dicho Consejo al Congreso local.

La pregunta inmediata que brota del subconsciente es: ¿Cuáles son esas acciones impulsadas por el gobierno del estado en atención a este sector de la población, merecedoras del Nóbel reconocimiento de este consejo?, ¿cuál es el trabajo hasta ahora realizado, por las legislaturas locales que han llegado y se han ido, en pro de los derechos de las PCD? También valdría la pena saber ¿cuál es el trabajo realizado por el propio Consejo Estatal de Organizaciones de PCD que hoy propone la creación de una flamante Coordinación Estatal Especializada?

Ciertamente, la situación en que vive la mayor parte del colectivo de PCD tanto en el estado, como en el país, es de marginación y pobreza, por lo que se requiere que las autoridades de los tres órdenes de gobierno atiendan con eficacia la obligación que tienen de garantizar la igualdad de oportunidades a este sector de la población, lo que implica observar un cabal cumplimiento de las leyes. También se requiere del concurso de la sociedad, y particularmente, se requiere un mayor involucramiento de las Personas con Discapacidad en la búsqueda de soluciones a los obstáculos que enfrentan cotidianamente.

Aunque las intenciones del pequeño grupo del Consejo Estatal de Organizaciones de PCD tienen apariencia de “buenas”, no es difícil deducir que sus pretensiones obedecen a otro interés que claramente está antepuesto al de buscar avances tangibles en el tema del respeto a los derechos de este colectivo.

Cualquier iniciativa en la que pudiera pensarse como una vía para avanzar en este tema, estará muy alejada de pasar por la creación de una Coordinación Estatal Especializada que atienda a este sector. ¡Entiéndalo bien diputado Herminio Cuevas Chávez, no es la solución el crear más burocracia!

Valdrá la pena recordar que México recientemente dio un paso importante al aprobar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto ocurrió el 30 de marzo de 2007. Dicho tratado es un instrumento jurídico de avanzada por su carácter vinculante, es decir, obligatorio para los estados que lo firmen y ratifiquen, por lo que de acuerdo con la doctrina de la suprema corte de justicia de nuestro país, pasa a formar parte de nuestro cuerpo de leyes, con una jerarquía muy alta que la ubica solo por debajo de nuestra constitución, pero por encima de leyes federales, generales y locales. Ahora queda por delante para el gobierno mexicano, el reto de llevar a cabo un proceso de armonización legislativa interna, y de tomar las medidas necesarias para que dicho instrumento tenga una eficaz aplicación en nuestro país; de otra manera, nos quedaremos a mitad del camino.

Si la actual legislatura local en verdad está interesada en atender las necesidades del colectivo de PCD, lo cual es una deuda pendiente hasta ahora por parte de los tres poderes del estado, debe –por principio de cuentas-- escuchar todas las voces que estén interesadas en opinar y proponer soluciones al respecto, debe buscar el contacto directo con las asociaciones civiles pro Personas con Discapacidad del interior del estado, y luego de ello, asumir su obligada responsabilidad de hacer las reformas necesarias a la actual Ley de Atención a PCD del estado y crear su reglamento operativo para convertirla en un instrumento eficaz en la defensa de estos derechos, apegándose en todo momento a lo estipulado en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se trata pues, de atender los intereses colectivos de este sector de la población, y no de atender intereses de un reducido grupo.