Katia D´ Artigues
El Universal / Campos Elíseos / 13-junio-2008
¿Cómo hacer para integrar a las personas con discapacidad a la sociedad? Hay una parte importantísima que debe jugar el Estado y la voluntad del gobierno: trazar políticas públicas horizontales que faciliten esta tarea. Y no veo que el gobierno de Felipe Calderón lo esté haciendo.
Hoy estamos de festejo pero también de duelo. Me explico: el pasado martes 10 de junio se cumplieron tres años de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de La Ley General de las Personas con Discapacidad, algo que se festejó en su momento. Junto con ella, se creó el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el organismo que oficialmente se encarga de contribuir con ideas a la creación de políticas públicas a favor de esta minoría, a la que, como ya he escrito varias veces en este blog, pertenecen 1 de cada 10 mexicanos.
Hasta ahí todo bien, pero entonces, ¿cuál es la queja? Para empezar, que a tres años de que se publicó la ley, ésta sigue sin reglamentarse. Es decir, nadie la aplica o nadie está obligado a aplicarla porque no hay sanciones que castiguen su incumplimiento. Para decirlo claramente: la ley es una buena intención. Y nada más.
Pero les explico un poco más para que todos sepamos de qué hablo.
Se supone que el Consejo es el instrumento a través del cual se concretiza lo establecido por la Ley General de las Personas con Discapacidad en cuestiones de empleo, educación, accesibilidad e inclusión; su objetivo es promover, apoyar, fomentar, evaluar y vigilar las acciones y estrategias gubernamentales propuestas por las diferentes secretarías de Estado en beneficio de las personas con discapacidad.
Este Consejo está integrado por seis importantes dependencias, bajo el entendido de que de nada sirve que cada quien haga esfuerzos aislados, que todo debe estar dentro de una política integral. El Presidente es el secretario de Salud, ahora José Ángel Córdova Villalobos, pero también pertenecen a él las siguientes secretarías y sus secretarios:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular es Luis Téllez Secretaría de Desarrollo Social, a donde llegó hace poco Ernesto Cordero; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Agustín Carstens;Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular es Javier Lozano; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que está a cargo de Cecilia Landerreche Gómez Morín, pero cuya presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo es la esposa del Presidente, Margarita Zavala.
En el artículo 3 de la Ley General de las Personas con Discapacidad se establece que la aplicación de la ley corresponde a las dependencias de la Administración Pública Federal, a las entidades paraestatales y –ojo- al mismo Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
Ahora, ¿cuántas veces ha sesionado el Consejo desde su creación? ¡Sólo dos! La primera en octubre de 2006, a finales del sexenio de Vicente Fox y otra en septiembre de 2007 ya con Felipe Calderón como presidente. En las dos no han participado los secretarios de Estado directamente; han mandado representantes, lo que indicaría, me parece, su bajo nivel de compromiso. Sólo han estado Julio Frenk y José Ángel Córdova Villalobos, menos mal... digo, ellos han presidido el Consejo como secretarios de Salud.
Para esto, no podemos más que indignarnos porque la ley misma dice que se reunirán “con la periodicidad que señale el reglamento correspondiente”. Y bueno, de nuevo: ¡no hay reglamento!
Al parecer, el atraso de tres años en sacar el reglamento que haga valer esta ley se debe, en parte, a que las secretarías involucradas no logran ponerse de acuerdo sobre qué debe establecer el mismo.
Esto ha ocasionado que en las dos sesiones del Consejo no se haya podido hacer mucho; de hecho, en la primera sólo se logró proponer un reglamento que cómo ya dije no ha sido publicado, y en la segunda, se lanzó la idea de establecer comités de trabajo por medio de los cuales se prevé que las diferentes secretarías comiencen a crear programas específicos en su área de interés para las personas con discapacidad.
Al parecer, en este sentido la dependencia más adelantada es la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Josefina Vázquez Mota, que además de tener programas dedicados desde hace años a la educación especial, tiene interés particular en extender la inclusión educativa y aún más allá de la educación básica.
También la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha aceptado tener reuniones y pláticas con el Consejo para intentar hacer valer el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que establece que tienen derecho a trabajo y capacitación.
Pero, ¿esto es suficiente?, ¿debemos aplaudir que después de tres años no exista aún un reglamento que penalice el incumplimiento de la ley y apenas se esté pensando en cómo crear programas de integración de las personas con discapacidad? ¿Qué se hayan reunido en dos ocasiones con, hasta donde veo, pobres resultados?
Al interior del mismo Consejo se sabe que al no haber penalización realmente la ley no será aplicada y por lo tanto, luchan contra viento y marea –incluso contra las mismas secretarías- para que el reglamento se publique cuanto antes.
Incluso cuando, paradoja, ya existe una iniciativa para revisar la misma Ley General de las Personas con Discapacidad a la luz, sobre todo, de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, que como país, vía el Senado, ratificamos en septiembre del año pasado. La liga señalada es un blog anterior, en el que el senador Guillermo Tambrrell nos explicó la importancia de la Convención.
Y aquí hay una doble paradoja: estamos atorados porque no hay un reglamento (que entre otras cosas obligue a los secretarios de Estado del gobierno de Felipe Calderón a sesionar y por lo tanto, a actuar y dar resultados) cuando, al menos hasta donde yo sé, las Convenciones Internacionales están por encima de cualquier legislación, menos, claro, la Constitución.
Porque fíjense, ahora resulta que algunas dependencias federales quieren que la ley sufra algunas modificaciones y no aceptan que haya un reglamento hasta que dichas reformas no sean aceptadas; lo que en realidad significa perder más tiempo. ¿Se hará una reforma a una ley no reglamentada para tener otra ley renovada y luego igual tener que hacer un reglamento? Suena a trabalenguas, pero así parece ser.
El punto es que este Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad existe para velar por los derechos humanos de estas personas, para que haya políticas públicas de Estado completas que permitan la integración en todos los ámbitos, pero realmente no tienen herramientas para conseguirlo.
Las deficiencias son diversas, e incluso están en nosotros mismos que no denunciamos malos tratos contra personas con discapacidad…
Pero al mismo tiempo, no estoy tan segura de que el secretario técnico del Consejo, José Javier Osorio Salcido, tenga experiencia en discapacidad como para estar al frente del organismo. Fue diputado de Sinaloa por el PAN. Es Médico Cirujano y Partero, tiene un postgrado en Audiología, en Comunicación Humana, y en Medicina del Deporte; pero no veo que antes de aceptar este cargo haya tenido algún rol en el ámbito de la discapacidad. Quizá me equivoco… si es así, estaré gratamente sorprendida.
¿Dónde está el compromiso de Felipe Calderón y de sus secretarios de Estado hacia las personas con discapacidad? En marzo de 2007, el presidente firmó el decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a las empresas que contratan a personas con discapacidad. Y ese día dijo:
“Adquirí el compromiso de instrumentar políticas de inclusión y no desde una óptica meramente asistencialista o paternalista, no estamos buscando ese tipo de soluciones.
Vamos por políticas que reconozcan la dignidad de cada quien y que nos integren a todos a una vida de plenos derechos que permita tener trabajo digno y productivo y bien remunerado.
Políticas que les abran puertas de empleo, de desarrollo personal y de desarrollo profesional.
Mi Gobierno quiere construir un México que incluya a todos: a los niños, a las mujeres, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad.”
Plenos derechos. Eso suena muy bien. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿No podría decirles, mejor dicho, exigirles a sus secretarios de Estado que se reúnan para que el Consejo pueda sesionar y se pueda cumplir su objetivo, que es bueno? ¿Qué vayan ellos y no deleguen decisiones que contribuirán a mejor la vida, de nuevo, del 10 por ciento de los mexicanos y sus familias?
Por eso este post se llama “Consejo Nacional para Personas con Discapacidad: una buena idea que no funciona”, porque el Consejo y la Ley pueden –y más aún, deben- tener grandes alcances, pero sin un reglamento que lo regule o autoridades comprometidas a llevar a cabo las medidas establecidas, la tarea se convierte en misión imposible.
