De la redacción
A partir de ahora el tres de mayo deberá ser recordado como una fecha fundamental para las personas con discapacidad de todo el mundo, pues en este fecha habrá entrado en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los países que la ratifican a reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, a prohibir la discriminación basada en las discapacidades y a garantizar igual protección de la norma para todos.
El objetivo de esta Convención, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, es "elaborar detalladamente los derechos de las personas con discapacidades y establecer un código de aplicación", según afirmó en su día el embajador neozelandés Don MacKay, presidente del Comité Especial que negoció el texto.
En virtud de este texto, los países que se unan a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en el documento y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.
En nuestro país, y en Oaxaca en particular, el nivel de olvido y discriminación que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias se hace evidente en la falta total de información estadística y cualitativa confiable sobre la condición y posición de las mismas en México. Esta problemática se hace más notoria en el campo, en donde los niveles de pobreza alcanzan niveles inconcebibles. Estimaciones hechas por organizaciones civiles con base en estudios realizados por organismos internacionales, nos permite inferir que en todo el estado hay al menos 350 mil personas con algún tipo de discapacidad.
De la falta de información, insumo básico para la elaboración de políticas públicas, se desprende una serie de aproximaciones erráticas (cuando las hay) hacia las personas con discapacidad, acciones que son la síntesis no solo del fracaso de las práctica del Estado en materia de salud y desarrollo social, sino de una visión que percibe a las PCD solamente como una realidad sanitaria, y desde el asistencialismo. Obviamente una percepción tan sesgada se ve reflejada en la ausencia de acciones en cuanto a formación, capacitación, rehabilitación, atención e inclusión en relación con las personas con discapacidad.
En 2007 con la Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo, por parte del Senado de México y ahora con la entrada en vigor de la Convención a nivel internacion, se ha abierto la posibilidad de comenzar la construcción de una forma más contundente y en apego al respeto de los derechos humanos los tres niveles de gobierno se acerquen al tema de la discapacidad y cumplan con las responsabilidades que al respecto les corresponden. El comienzo sin embargo, no ha sido del todo bueno, pues el Senado ha hecho a la citada Convención, una Declaración Interpretativa en el Artículo 12 Párrafo 2.
A pesar de que a simple vista la Declaración parece inocua, el estudio del dictamen del Senado mediante el cual se ratificó la Convención permite concluir que dicha declaración interpretativa autoriza en principio a que los jueces declaren la incompetencia para gobernarse de las personas con discapacidad, supuestamente con el objeto de “garantizar su mejor protección legal”. En contraparte afortunada, el incipiente movimiento de personas con discapacidad logró que en la recién celebrada Conferencia Regional sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad convocada por Rehabilitación Internacional (RI) en la Ciudad de México, las autoridades responsables de la declaratoria hayan reflexionado (en especial el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín), sobre el tema abriéndose con ello una posibilidad para el retiro de la Declaración. De conseguirse que la Convención sea aprobada sin enmiendas ni modificaciones de ningún tipo en México, podríamos estar hablando del primer gran logro de la sociedad civil organizada en tiempos de lo que el antiguo Secretario General de la ONU, Kofi Annan, llamó “el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI”.
Pensemos entonces: Para más de 500 millones de personas en el mundo, la accesibilidad a los servicios esenciales significa la posibilidad de vivir (o sobrevivir), educación, trabajo, y una forma de integrarse a la comunidad y no sentirse rechazado por ella. La posibilidad de acceder a los servicios sociales es un requisito previo para que las personas con discapacidad gocen de la igualdad de oportunidades. Por ello la Convención es la llave para que las personas con discapacidad ya no seamos solamente “pacientes”, y podamos ejercer plenamente nuestros derechos civiles, sociales, políticos y culturales.
Como Frei Betto, quienes creemos en el respeto a los derechos humanos como utopía y como estrategia, no esperamos que con la Convención vengan los grandes avances tecnológicos y científicos para atender a la discapacidad, ni servicios turísticos "adptados" de primera clase, ni más medallas de oro en las justas deportivas paralímpicas. Esperamos más: esperamos que las personas con y sin discapacidad se apropien de la acción solidaria de que hablaba Martí; de la felicidad de un pueblo construida sobre la base de valores éticos y espirituales; del principio de compartir los bienes; de la creación del hombre y la mujer nuevos, centrados en la posesión, no de los bienes finitos sino de los bienes infinitos, como generosidad, despego, compañerismo, capacidad de hacer coincidir la felicidad personal con los avatares comunitarios.
