MÉXICO, D. F.- La diputada federal Claudia Edith Anaya Mota presentó en el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales en materia de discapacidad, cuyo objetivo es disminuir las cargas fiscales que agobian a este sector.
“De aprobarse esta reforma, el Estado Mexicano estaría abonando a la deuda con las personas con discapacidad, sector que representa el 10% de la población en nuestro país, según da a conocer la Organización Mundial de la Salud”, informó Anaya Mota.
En este sentido, dijo que la Ley General de las Personas con Discapacidad, expedida en el 2005, en su artículo 6, fracción V, establece facultades al Ejecutivo Federal para promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.
Hasta la fecha, señalo la presidenta de la Comisión Especial Sobre la No Discriminación, “el titular del Ejecutivo Federal no ha promovido reforma alguna que tenga por objeto acatar esta disposición”.
Esta iniciativa de reforma fiscal establece, entre otros, los siguientes puntos.
“Esta Reforma Fiscal que propongo impacta en la Ley Aduanera, en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos”, indicó la legisladora perredista.
Busca justicia social
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables comentó que es el momento de que la justicia social llegue a las personas con discapacidad, pero no mediante programas que sigan viendo a este sector como objetivos de políticas de asistencia social.
“Es indispensable que se dé un salto cualitativo en la visión de Estado sobre un sector que debido a la inacción gubernamental, se ha mantenido al margen del desarrollo social, económico, político, cultural, y sobre todo laboral”, señaló.
Agregó que es necesario ver esta reforma no como una concesión o privilegios, sino como señala el artículo 31 constitucional, una obligación de todos los mexicanos.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho al empleo, a la salud, al desarrollo, a la no discriminación y las oportunidades al igual que el resto de la población, por lo que las acciones afirmativas debe ser una realidad para el alcanzar esta igualdad”, finalizó la legisladora zacatecana.
“De aprobarse esta reforma, el Estado Mexicano estaría abonando a la deuda con las personas con discapacidad, sector que representa el 10% de la población en nuestro país, según da a conocer la Organización Mundial de la Salud”, informó Anaya Mota.
En este sentido, dijo que la Ley General de las Personas con Discapacidad, expedida en el 2005, en su artículo 6, fracción V, establece facultades al Ejecutivo Federal para promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad.
Hasta la fecha, señalo la presidenta de la Comisión Especial Sobre la No Discriminación, “el titular del Ejecutivo Federal no ha promovido reforma alguna que tenga por objeto acatar esta disposición”.
Esta iniciativa de reforma fiscal establece, entre otros, los siguientes puntos.
- Exentar del IVA a los apoyos funcionales como sillas de ruedas, aparatos auditivos, prótesis y órtesis que requieren las personas con discapacidad para suplir o compensar la discapacidad que presentan.
- Exentar del ISR a los patrones que incluyan en su planta laboral a personas con discapacidad y hagan accesibles los lugares de trabajo para este grupo en situación de vulnerabilidad.
- Eximir, a partir de 2011, del pago de tenencia de los vehículos adaptados para personas con discapacidad y que además puedan ser importados cada año y no cada cuatro, como lo establece la actual Ley Aduanera.
- Brindar beneficios para los profesionistas que presten algún servicio a las personas con discapacidad, como los médicos al estar exentos del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
- Eliminar el pago de comisiones a las personas con discapacidad que tengan su cuenta de ahorro para el retiro y adicional a ello, que puedan recibir su estado de cuenta en sistema Braille, en el caso de las personas con discapacidad visual.
“Esta Reforma Fiscal que propongo impacta en la Ley Aduanera, en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos”, indicó la legisladora perredista.
Busca justicia social
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables comentó que es el momento de que la justicia social llegue a las personas con discapacidad, pero no mediante programas que sigan viendo a este sector como objetivos de políticas de asistencia social.
“Es indispensable que se dé un salto cualitativo en la visión de Estado sobre un sector que debido a la inacción gubernamental, se ha mantenido al margen del desarrollo social, económico, político, cultural, y sobre todo laboral”, señaló.
Agregó que es necesario ver esta reforma no como una concesión o privilegios, sino como señala el artículo 31 constitucional, una obligación de todos los mexicanos.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho al empleo, a la salud, al desarrollo, a la no discriminación y las oportunidades al igual que el resto de la población, por lo que las acciones afirmativas debe ser una realidad para el alcanzar esta igualdad”, finalizó la legisladora zacatecana.
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