Oaxaca sigue siendo tierra propicia para la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos, por lo tanto, es una agenda que sigue pendiente en la entidad", concluyeron 10 organizaciones civiles, en el marco del 60 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos.
PEDRO MATIAS
Y el Informe Alternativo "El Estado Mexicano en la mira de la ONU", representa un mecanismo de evaluación sobre la situación de derechos humanos en Oaxaca donde la agenda pendiente consiste en la criminalización de la protesta pública, violaciones a la libertad de expresión, desaparición forzada, violencia contra las mujeres, agravios a defensores de derechos humanos y violación a los derechos de los pueblos indígenas.
En el mismo documento se denuncia la falta de disponibilidad política y legal de parte de las autoridades correspondientes para que las víctimas y sobrevivientes accedan a la justicia por los actos sufridos.
En conferencia de prensa, el representante jurídico de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Isaac Torres Carmona, citó como caso concreto la denuncia penal de 30 ex-presos políticos detenidos el 25 de noviembre de 2006, y el apoyo que han recibido de organizaciones nacionales e internacionales para exigir "Justicia para Oaxaca".
Mencionó que organizaciones de 17 países se sumaron a la demanda por una investigación apegada a derecho, castigo a los responsables de las graves violaciones a los derechos fundamentales y los delitos de tortura, tratos crueles, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y demás que resulten, así como el alto a la impunidad y a la represión contra activistas del movimiento social en Oaxaca.
Organizaciones como Servicios para una Educación Alternativa, el Comité de Liberación 25 de Noviembre, el Centro de Atención y Apoyo Jurídico Integrado, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, también cuestionaron los ataques a los comunicadores, los cuales fueron calificados como agresiones directas a la libertad de expresión que ponen de manifiesto, una vez más, la crisis política y social que se vive en el estado de Oaxaca.
Asimismo, citaron el caso de Juan Manuel Martínez Moreno, acusado del asesinato del periodista Bradley Roland Will ocurrido el 27 de octubre de 2006, y quien actualmente se encuentra preso en el Penal de Ixcotel, donde observan un patrón de acusaciones sin fundamento que el propio Estado Mexicano practica contra personas inocentes.
Consideran que la acusación realizada por el agente del Ministerio Público de la Federación se encuentra fundamentada principalmente en dos testimonios que no contienen un señalamiento directo, pues ninguno de los testigos manifiesta haber visto, ni presenciado o percatado por alguno de sus sentidos del momento en que fue herido Bradley Roland Will; tampoco se encuentra acreditado en esa causa penal que Juan Manuel Martínez Moreno portara un arma de fuego.
El Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Flor y Canto, la Alianza Mexicana para la Autodeterminación de los Pueblos, Servicios del Pueblo Mixe y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, destacaron que la situación de hostigamiento, persecución, intimidación de las y los defensores de derechos humanos se resume en la falta de garantías para que puedan realizar su trabajo en el estado de Oaxaca.
Destacaron que es constante la criminalización del derecho a esta defensa a través de diversos mecanismos, ya que hay casos de defensores que han recibido amenazas para que dejen su labor y se han librado órdenes de aprehensión con cargos falsos a quienes resultan incómodos para el gobierno estatal.
Aunado a ello, se han incrementado las campañas de desprestigio hacia las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos al acusarlos de defender a "delincuentes" y de obstaculizar el trabajo de los cuerpos policíacos, así como del sistema de justicia.
Ahora, también se les acusa de estar financiadas por el narcotráfico o por grupos guerrilleros, denostando así esta labor que ha sido reconocida tanto por instancias nacionales e internacionales de reconocido prestigio, como por la sociedad civil.
Antes ese escenario, alertaron que los riesgos se recrudecen para los defensores de derechos humanos y de todos los ciudadanos que han asumido la autotutelación de sus garantías individuales y colectivas, así como de pueblos enteros que persisten en la tarea de defender sus recursos y formas de vida.
Además, alertaron a la comunidad local, nacional e internacional para que estén atentos a las situaciones de emergencia que demuestren la inseguridad y ponen en riesgo la vida de quienes defienden, cualquiera de los derechos contemplados en la Declaración Universal.
Finalmente, alertaron a los organismos internacionales del status quo de impunidad que prevalece en Oaxaca debido a la deliberada omisión de administrar justicia por parte de las instituciones competentes.
