C. Felipe Calderón HinojosaPresidente de los Estados Unidos Mexicanos
C. César Horacio Duarte Jáquez Presidente de la Cámara de Diputados
C. Gustavo Enrique Madero Muñoz.Presidente del Senado
C. Guillermo I. Ortiz MayagoitiaPresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
C. María Cecilia Landerreche Gómez MorinTitular del Sistema Nacional DIF
Gobernadores de los Entidades Federativas de México.
P r e s e n t e s :
Teniendo como marco la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo pasado, los y las abajo firmantes representantes de organizaciones civiles, instituciones de gobierno, académicas y familiares de personas con discapacidad nos dirigimos a ustedes para exponer la posición y propuestas de un grupo representativo de la sociedad oaxaqueña en relación con el proceso de armonización de la mencionada Convención.
ANTECEDENTES
México fue el país que promovió ante Naciones Unidas la elaboración de esta Convención, adquiriendo con ello, y manteniéndolo después, durante las negociaciones para su aprobación, un papel de reconocido liderazgo. Así mismo, nuestro país fue uno de los que más apoyó la participación formal de las organizaciones de y con personas con discapacidad a lo largo de todo el proceso. El Senado de la República Mexicana ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 27 de septiembre de 2007 y la misma entró en vigor el 3 de mayo pasado.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del Siglo XXI. Gracias a ella, como resultante de un histórico proceso de demandas y luchas ciudadanas, se ha dado un gran paso para el reconocimiento de los derechos de alrededor de 600 millones de hombres y mujeres con discapacidad en todo el mundo.
Las organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y gobiernos han seguido el trabajo, ahora en términos de difundir y promover los principios y propósitos de la Convención y para armonizar acciones para su aplicación en los diferentes ámbitos se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, una reunión de trabajo en la que representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales, educativas, personas con y sin discapacidad con sus familiares se aproximaron a los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, analizaron las implicaciones de la CONVENCION. Así mismo se buscó abundar sobre las oportunidades que la Convención plantea a las PCD y sus organizaciones para participar activamente en la solución de las problemáticas que enfrentan.
En esta coyuntura de promoción y difusión de la Convención, se dio a conocer la convocatoria del Sistema DIF Nacional para participar en la Primera Reunión Regional de Trabajo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias a celebrarse en Campeche. Por lo que llegamos a esta reunión con el presente pronunciamiento consensuado entre el grupo plural que ha dado seguimiento a las conclusiones y acuerdos que se desprendieron de la reunión de la Ciudad de Oaxaca.
PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO REPRESENTATIVO DE OAXACA QUE ASISTE A LA REUNION DE CAMPECHE
Las personas con discapacidad, aun cuando no existen cifras confiables, suman en nuestro país al menos 10 millones y en su mayoría, además de la adversidad económica imperante, enfrentan los obstáculos de una cultura discriminatoria que se expresa de múltiples y severas formas.
Tradicionalmente, los intentos tanto desde los gobiernos como del sector privado para aproximarse a la gente con discapacidad, se han basado en los modelos de la caridad y el asistencialismo que sólo profundizan la discriminación y la espiral de la pobreza.
Últimamente, en el proceso de privatización a ultranza, las grandes corporaciones de la cultura y el entretenimiento han sabido, con la venia del Estado, explotar la imagen del cuerpo con discapacidad, cosificando a la persona y convirtiéndola en mercancía.
Los derechos Humanos de las personas con discapacidad son frecuentemente violados mediante la institucionalización y la exclusión y como lo han documentado numerosos estudios el principal obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad es la discriminación y no la deficiencia.
En este contexto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad abre la posibilidad para que los diferentes sectores de la sociedad transformen radicalmente sus formas de concebir y trabajar comenzando con el reconocimiento y la garantía del derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente, autosuficiente y con el derechoa a decidir.
La entrada en vigor de la Convención permitirá al Gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales saldar una deuda histórica con las personas con discapacidad sentando las bases para que puedan disfrutar de su igualdad de derechos, adoptando un enfoque de igualdad estructural que con firmeza fundamente sus políticas en el principio de la inclusión.
Por todo lo anterior y asistidos por el derecho a expresarnos así como participar como ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones de gobierno, hacemos las siguientes:
PROPUESTAS GENERALES
1.- Que todo ejercicio de consulta en cualquiera de los niveles de gobierno relacionado con las personas con discapacidad, como éste al que acudimos en Campeche, se realice apegado a los principios y postulados de la Convención de Naciones Unidas obre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual significa no sólo incorporar en el discurso la nomenclatura apropiada, sino el espíritu de participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad (no la integración) y las organizaciones que las representan.
2.- Que en el marco de la Convención se tome en cuenta que más que crear acciones o instancias de gobierno especiales, lo que corresponde es incluir de manera transversal, en todas las políticas y todos los programas, la promoción, la protección y el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizados por aquélla.
3.- Que en el proceso de armonización legislativa de la Convención y en el diseño, aplicación y supervisión de las acciones encaminadas a garantizarlos derechos de las personas con discapacidad se haga efectiva la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, sus familias, las instituciones académicas y la sociedad civil organizada en general.
4.- Que en el proceso de armonización se tomen en cuenta la diversidad étnica y cultural y los contextos geográficos y sociales de las personas con discapacidad, a la vez que se incluya la perspectiva de género.
5.-Que se tome en cuenta las particularidades de rezago social y económico que ubican a las personas con discapacidad en el extremo de la exclusión, en especial en la región sur sureste que abarca a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero en donde la pobreza es una de las causas y efectos de la discapacidad.
C. César Horacio Duarte Jáquez Presidente de la Cámara de Diputados
C. Gustavo Enrique Madero Muñoz.Presidente del Senado
C. Guillermo I. Ortiz MayagoitiaPresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
C. María Cecilia Landerreche Gómez MorinTitular del Sistema Nacional DIF
Gobernadores de los Entidades Federativas de México.
P r e s e n t e s :
Teniendo como marco la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo pasado, los y las abajo firmantes representantes de organizaciones civiles, instituciones de gobierno, académicas y familiares de personas con discapacidad nos dirigimos a ustedes para exponer la posición y propuestas de un grupo representativo de la sociedad oaxaqueña en relación con el proceso de armonización de la mencionada Convención.
ANTECEDENTES
México fue el país que promovió ante Naciones Unidas la elaboración de esta Convención, adquiriendo con ello, y manteniéndolo después, durante las negociaciones para su aprobación, un papel de reconocido liderazgo. Así mismo, nuestro país fue uno de los que más apoyó la participación formal de las organizaciones de y con personas con discapacidad a lo largo de todo el proceso. El Senado de la República Mexicana ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 27 de septiembre de 2007 y la misma entró en vigor el 3 de mayo pasado.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del Siglo XXI. Gracias a ella, como resultante de un histórico proceso de demandas y luchas ciudadanas, se ha dado un gran paso para el reconocimiento de los derechos de alrededor de 600 millones de hombres y mujeres con discapacidad en todo el mundo.
Las organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y gobiernos han seguido el trabajo, ahora en términos de difundir y promover los principios y propósitos de la Convención y para armonizar acciones para su aplicación en los diferentes ámbitos se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, una reunión de trabajo en la que representantes de organizaciones, instituciones gubernamentales, educativas, personas con y sin discapacidad con sus familiares se aproximaron a los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, analizaron las implicaciones de la CONVENCION. Así mismo se buscó abundar sobre las oportunidades que la Convención plantea a las PCD y sus organizaciones para participar activamente en la solución de las problemáticas que enfrentan.
En esta coyuntura de promoción y difusión de la Convención, se dio a conocer la convocatoria del Sistema DIF Nacional para participar en la Primera Reunión Regional de Trabajo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad y sus Familias a celebrarse en Campeche. Por lo que llegamos a esta reunión con el presente pronunciamiento consensuado entre el grupo plural que ha dado seguimiento a las conclusiones y acuerdos que se desprendieron de la reunión de la Ciudad de Oaxaca.
PRONUNCIAMIENTO DEL GRUPO REPRESENTATIVO DE OAXACA QUE ASISTE A LA REUNION DE CAMPECHE
Las personas con discapacidad, aun cuando no existen cifras confiables, suman en nuestro país al menos 10 millones y en su mayoría, además de la adversidad económica imperante, enfrentan los obstáculos de una cultura discriminatoria que se expresa de múltiples y severas formas.
Tradicionalmente, los intentos tanto desde los gobiernos como del sector privado para aproximarse a la gente con discapacidad, se han basado en los modelos de la caridad y el asistencialismo que sólo profundizan la discriminación y la espiral de la pobreza.
Últimamente, en el proceso de privatización a ultranza, las grandes corporaciones de la cultura y el entretenimiento han sabido, con la venia del Estado, explotar la imagen del cuerpo con discapacidad, cosificando a la persona y convirtiéndola en mercancía.
Los derechos Humanos de las personas con discapacidad son frecuentemente violados mediante la institucionalización y la exclusión y como lo han documentado numerosos estudios el principal obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad es la discriminación y no la deficiencia.
En este contexto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad abre la posibilidad para que los diferentes sectores de la sociedad transformen radicalmente sus formas de concebir y trabajar comenzando con el reconocimiento y la garantía del derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente, autosuficiente y con el derechoa a decidir.
La entrada en vigor de la Convención permitirá al Gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales saldar una deuda histórica con las personas con discapacidad sentando las bases para que puedan disfrutar de su igualdad de derechos, adoptando un enfoque de igualdad estructural que con firmeza fundamente sus políticas en el principio de la inclusión.
Por todo lo anterior y asistidos por el derecho a expresarnos así como participar como ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones de gobierno, hacemos las siguientes:
PROPUESTAS GENERALES
1.- Que todo ejercicio de consulta en cualquiera de los niveles de gobierno relacionado con las personas con discapacidad, como éste al que acudimos en Campeche, se realice apegado a los principios y postulados de la Convención de Naciones Unidas obre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual significa no sólo incorporar en el discurso la nomenclatura apropiada, sino el espíritu de participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad (no la integración) y las organizaciones que las representan.
2.- Que en el marco de la Convención se tome en cuenta que más que crear acciones o instancias de gobierno especiales, lo que corresponde es incluir de manera transversal, en todas las políticas y todos los programas, la promoción, la protección y el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizados por aquélla.
3.- Que en el proceso de armonización legislativa de la Convención y en el diseño, aplicación y supervisión de las acciones encaminadas a garantizarlos derechos de las personas con discapacidad se haga efectiva la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, sus familias, las instituciones académicas y la sociedad civil organizada en general.
4.- Que en el proceso de armonización se tomen en cuenta la diversidad étnica y cultural y los contextos geográficos y sociales de las personas con discapacidad, a la vez que se incluya la perspectiva de género.
5.-Que se tome en cuenta las particularidades de rezago social y económico que ubican a las personas con discapacidad en el extremo de la exclusión, en especial en la región sur sureste que abarca a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero en donde la pobreza es una de las causas y efectos de la discapacidad.
PROPUESTAS ESPECÍFICAS
1.- Consideramos se deben tomar en cuenta como acciones prioritarias para la reelaboración de la política pública:
Garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona con discapacidad. Esto es los derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la rehabilitación y a la habilitación en el marco de una cultura de la inclusión, no de asistencialismo.
Garantizar el derecho a la educación inclusiva y la aplicación de un modelo educativo que reconozca a la diversidad como un valor fundamental y a la discapacidad como una forma de diversidad.
Garantizar el derecho al trabajo como acción liberadora, no como ocupación solamente. Esto es entender, asumir, facilitar y reconocer el valor del trabajo de las personas con discapacidad no sólo como una acción personal, sino como un aporte para la economía nacional, estatal y local.
Apoyar el proceso de empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias.
2.- Establecer un órgano plural e independiente que incida e informe sobre el proceso de armonización de la Convención en los tres niveles de gobierno y en el diseño, aplicación y supervisión de la política pública.
PUNTO ESPECIAL
Las organizaciones de la Sociedad Civil, familiares de personas con discapacidad y personas a título personal agrupados en este fuerzo de incidencia de políticas públicas consideramos fundamental:
1.- Demandar al Gobierno de México que retire la Declaración Interpretativa al artículo 12 porque:
· Es potencialmente discriminatoria de algunas personas con discapacidad;
· Es jurídicamente innecesaria (Art 4, Inciso 4, CDPD), y
· Es jurídicamente improcedente (Art 46 CDPD):
Entendemos que cualquier reserva —o interpretación, o declaración— que limite o restrinja, sea la noción de la capacidad jurídica o el reconocimiento del carácter universal de ésta, estaría contraviniendo principios generales de la CDPD —tales como la igualdad, la no discriminación, el respeto por la dignidad, la autonomía y la libertad para tomar las propias decisiones.
De manera categórica los y las abajo firmantes exigimos se retire incondicionalmente la Declaración Interpretativa con la que el Senado acompañó la Ratificación que hizo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, depositada en la sede de las Naciones Unidas el 17 de diciembre.
Así mismo, y adhiriéndonos al grupo de expertos y expertas (Libre Acceso, Inclusión Interamericana, CAI Piña Palmera, Red Discapacidad y Comunidad, Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Personas con Discapacidad Intelectual A.C., Fondo Memorial Eduardo Vargas y Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) que forman parte del grupo que ha dado seguimiento a la ratificación, nos pronunciamos por el logro de la armonización legislativa más exhaustiva posible en el Derecho mexicano y la CDPD, a la que reconocemos como instrumento jurídico por excelencia para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, a la vez que para promover el respeto a su dignidad inherente. Y esto último, en virtud, muy particularmente, de que su contenido verdaderamente recoge las demandas y responde a las necesidades que expresaron y defendieron las personas con discapacidad y sus organizaciones a lo largo de cuatro años de difíciles y polémicas que duró el proceso para obtener su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dado en la Ciudad de Oaxaca, Oax. a los 8 días del mes de septiembre de 2008.
1.- Consideramos se deben tomar en cuenta como acciones prioritarias para la reelaboración de la política pública:
Garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona con discapacidad. Esto es los derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la rehabilitación y a la habilitación en el marco de una cultura de la inclusión, no de asistencialismo.
Garantizar el derecho a la educación inclusiva y la aplicación de un modelo educativo que reconozca a la diversidad como un valor fundamental y a la discapacidad como una forma de diversidad.
Garantizar el derecho al trabajo como acción liberadora, no como ocupación solamente. Esto es entender, asumir, facilitar y reconocer el valor del trabajo de las personas con discapacidad no sólo como una acción personal, sino como un aporte para la economía nacional, estatal y local.
Apoyar el proceso de empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias.
2.- Establecer un órgano plural e independiente que incida e informe sobre el proceso de armonización de la Convención en los tres niveles de gobierno y en el diseño, aplicación y supervisión de la política pública.
PUNTO ESPECIAL
Las organizaciones de la Sociedad Civil, familiares de personas con discapacidad y personas a título personal agrupados en este fuerzo de incidencia de políticas públicas consideramos fundamental:
1.- Demandar al Gobierno de México que retire la Declaración Interpretativa al artículo 12 porque:
· Es potencialmente discriminatoria de algunas personas con discapacidad;
· Es jurídicamente innecesaria (Art 4, Inciso 4, CDPD), y
· Es jurídicamente improcedente (Art 46 CDPD):
Entendemos que cualquier reserva —o interpretación, o declaración— que limite o restrinja, sea la noción de la capacidad jurídica o el reconocimiento del carácter universal de ésta, estaría contraviniendo principios generales de la CDPD —tales como la igualdad, la no discriminación, el respeto por la dignidad, la autonomía y la libertad para tomar las propias decisiones.
De manera categórica los y las abajo firmantes exigimos se retire incondicionalmente la Declaración Interpretativa con la que el Senado acompañó la Ratificación que hizo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, depositada en la sede de las Naciones Unidas el 17 de diciembre.
Así mismo, y adhiriéndonos al grupo de expertos y expertas (Libre Acceso, Inclusión Interamericana, CAI Piña Palmera, Red Discapacidad y Comunidad, Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Personas con Discapacidad Intelectual A.C., Fondo Memorial Eduardo Vargas y Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal) que forman parte del grupo que ha dado seguimiento a la ratificación, nos pronunciamos por el logro de la armonización legislativa más exhaustiva posible en el Derecho mexicano y la CDPD, a la que reconocemos como instrumento jurídico por excelencia para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, a la vez que para promover el respeto a su dignidad inherente. Y esto último, en virtud, muy particularmente, de que su contenido verdaderamente recoge las demandas y responde a las necesidades que expresaron y defendieron las personas con discapacidad y sus organizaciones a lo largo de cuatro años de difíciles y polémicas que duró el proceso para obtener su aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dado en la Ciudad de Oaxaca, Oax. a los 8 días del mes de septiembre de 2008.
