En riesgo la viabilidad de la política social para
la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 que el Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados en septiembre pasado, presenta un recorte extraordinariamente significativo en las partidas que directa o indirectamente pueden identificarse con la atención a personas con discapacidad.
Consecuencia de ello, mucho del entramado de políticas públicas dirigidas a la atención de este grupo social dejará de hecho de existir. De acuerdo al Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 (PRONADDIS), “la principal fuente de financiamiento del Programa la constituyen los recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación, que están sujetos a Reglas de Operación.” Estos recursos se destinan, entre otros, al Programa de Atención a Personas con Discapacidad (del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF), el cual ve reducido su presupuesto en un 92.9 por ciento, al pasar de 486.5 millones de pesos que le fueron asignados en 2009, a tan sólo 34.4 millones en 2010.
En materia educativa, los recortes para la atención de personas con discapacidad son similarmente descomunales: el Programa de Fortalecimiento de la educación especial y de la Integración Educativa se disminuye en un 88.2 por ciento, ya que la propuesta es reducir a 78.2 millones de pesos los 662.4 millones que le fueron asignados en 2009. De manera análoga, el Programa de Educación para personas con discapacidad se recorta en un 25 por ciento, al pasar de 100 millones de pesos, en 2009, a 75 millones en 2010. Hay, incluso, algunos programas a los que ya no se les asigna recurso alguno, cual es el caso del Centro Paralímpico Nacional en Jalisco (de 300 millones en 2009 a cero) y las Acciones de Educación para discapacitados (sic) (de 100 millones de pesos a cero). La construcción del centro paralímpico era la única meta estratégica de uno de los nueve objetivos del PRONADDIS, el Objetivo 8, referente a incentivar y apoyar la participación de las personas con discapacidad en actividades físicas y deportivas. En conjunto, estos tres rubros observan una reducción presupuestal en el orden del 84.98 por ciento.
Otra partida presupuestal que se ve drásticamente afectada es el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable (dentro del Presupuesto destinado al DIF) que, de acuerdo con PRONADDIS, tiene el objetivo general de contribuir al desarrollo integral de las familias y las comunidades en condiciones de vulnerabilidad, entre las que presumiblemente están incluidas las familias y las comunidades donde habitan personas con discapacidad. Este programa está regido por reglas de operación y contempla apoyos específicos para personas con discapacidad, entre los que se incluyen atención especializada y entrega de ayudas en especie (órtesis, prótesis y ayudas funcionales). El Programa en cuestión se reducirá en un 40.4 por ciento, al pasar de los 644.1 millones de pesos que se le asignaron en 2009, a 382 millones en el paquete económico de 2010. Resulta interesante que este Programa represente, aún con la reducción prevista, la cuarta parte (24.6 por ciento) del Presupuesto total que se proyecta destinar al DIF (1,692 millones), mientras que el porcentaje que del mismo total acusa el Programa de Atención a Personas con Discapacidad es únicamente del orden del 2.0%.
Así, la suma de los únicos montos que en 2010 se están expresamente etiquetando para los programas que permitirían el cumplimiento de la política social federal para las personas con discapacidad, antes referidos, no llega, ni siquiera, a doscientos millones de pesos (187.6 millones). Para situarlo en algún contexto, esta cifra, ridícula, representa el 0.1% del proyecto de presupuesto para Educación, y el 0.04% del presupuesto proyectado de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), o sea, es prácticamente nula.
Y si bien el presupuesto de egresos que se proyecta en 2010 para los ramos administrativos representa únicamente alrededor de la cuarta parte del presupuesto total, con lo que muy probablemente otros ramos, incluido el Ramo 33, estén previendo destinar recursos al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, esos montos, a diferencia de los anteriores, no están explícitamente etiquetados, lo que, además de incumplir el principio rector de transparencia en la asignación de recursos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), impide conocer a cabalidad el monto total de los recursos que serán asignados al grupo vulnerable conformado por las personas con discapacidad.
Así, lo que en realidad está haciendo el paquete económico 2010 es cuestionar seriamente las grandes aspiraciones y los declaradamente asumidos compromisos del gobierno federal en materia de su política social, según quedaron consignados en documentos oficiales de la envergadura del PND y del PRONADDIS.
El PND, que considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la columna vertebral para la definición de sus políticas públicas, establece como un objetivo nacional asegurar la igualdad de oportunidades (Eje 3); declara asimismo que la igualdad de oportunidades, con una especial atención a los grupos vulnerables (Eje 3.6), es lo que permitiría a la presente Administración el cumplimiento de su política social.
Estrategia fundamental de la igualdad de oportunidades para grupos vulnerables es el otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia (Estrategia 17.6). A decir de esta Estrategia, se deben implementar acciones diferenciadas según tipos de discapacidad, que permitan a las personas tener un mayor acceso a los servicios educativos y de salud y a los espacios urbanos, así como oportunidades de recreación y de inserción en el mercado laboral. El PND también prevé acciones para desarrollar una infraestructura urbana y en las instalaciones escolares y de salud adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad, a la vez que la construcción de viviendas con las adaptaciones necesarias.
Y por lo que toca al PRONADDIS, en grave riesgo de incumplimiento quedarán sus más de 200 acciones para atender a la población con discapacidad. Entre los objetivos generales que dichas acciones pretenden satisfacer destacan el de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios, entornos, bienes y servicios, así como al transporte, sistemas y tecnologías de información y comunicación, y el de elevar la calidad de la educación y ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro educativo para la población con discapacidad, en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Para decirlo en otras palabras, los recortes presupuestales antes mencionados no son consistentes con los principios, ejes y estrategias previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ni tampoco con los objetivos y líneas de acción del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. Y lo más grave, estos recortes afectarán de manera decisiva y fatal a las poblaciones rurales e indígenas con discapacidad del país, que ya de por sí sufren profunda marginación y pobreza extrema.
La reciente entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México apoyó tan decididamente en foros internacionales, reclama la adopción de políticas públicas y adecuación institucional para superar los rezagos históricos que tiene nuestro país en términos de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El compromiso del Estado mexicano por los derechos de este sector de la población obligadamente tendría que verse reflejado en los presupuestos que se aprueban año con año, cuyos montos, sabido es, deben ser irreductibles.
Hacemos un llamado a la opinión pública para alertar sobre las consecuencias de un recorte presupuestal de tales proporciones.
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